Los Colegios de educación diferenciada programan movilizaciones en abril que incluyen huelga docente y recursos

La comunidad de los centros de educación diferenciada existentes en Andalucía, a los que la Consejería de Educación de la Junta ha retirado el concierto de hasta 39 unidades en base a recientes resoluciones del Tribunal Supremo que rechazan subvencionar con fondos públicos este modelo pedagógico, ha programado un calendario de protestas que se desarrollarán a lo largo del presente mes de abril.

Dicho programa ha sido presentado en una rueda de prensa a la que han asistido representantes de la titularidad de los colegios, padres de alumnos y los sindicatos FSIE y USO, que engloban a los trabajadores de estos centros. Estas dos organizaciones sindicales protagonizan una de las protestas más destacables, puesto que han convocado una huelga de los empleados de dichos colegios de 11,30 a 14,30 horas del próximo 24 de abril. Asimismo, los delegados de personal se concentrarán este jueves desde las 12,00 h., y durante una hora, frente a la sede de la Consejería.

Por otra parte, la portavoz de la plataforma «Mis padres deciden», Gemma García, ha confirmado que, después de que la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio Altair abriera la veda presentando un recurso para solicitar la suspensión cautelar de la orden de Educación que dispone la retirada del convenio -paso que ya siguieron con anterioridad los propios colegios, cuyas acciones fueron admitidas a trámite-, las AMPA del Ángela Guerrero, Nuestra Señora de Lourdes, Albaydar y Ribamar, todos ellos ubicados en Sevilla, harán lo propio este viernes 5 de abril.

Tras ellos, según ha explicado el secretario general de la Federación de Enseñanza de USO-A, Joaquín Aráuz, lo harán los sindicatos, ya que se quiere dar preponderancia a la demanda de los progenitores al considerar que se atentaría contra un derecho «constitucional» como es el de la libertad de elección.

Por otro lado, la próxima semana el colectivo de padres será recibido por la delegada del Gobierno en Andalucía,Carmen Crespo, a la que expondrán su situación y le pedirán que inste al gobierno autonómico a «que tenga en cuenta que la voluntad del legislador ha cambiado», habida cuenta del articulado de la Ley de Presupuestos Generales que contempla la posibilidad de concertar a la educación diferenciada con dinero público y de la futura Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

Por último, también para el miércoles 24 de abril se ha convocado una manifestación de padres y trabajadores, que partirá a las 12,00 horas de la Plaza de la Encarnación y finalizará en el Parlamento andaluz, donde esperan ser recibidos por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, después de que, según ya expuso a Europa PressGarcía, los padres hayan llevado el asunto a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, a la que han remitido una contestación a la respuesta que, a su vez, Educación dirigió a la institución tras la queja abierta a requerimiento del colectivo.

LOS COLEGIOS ACABARÍAN SIENDO «INVIABLES»

Todo ello se lleva a cabo ante una postura, la de la administración regional, que García ha calificado de «intransigente», y frente a lo que ha reclamado que la educación se «excluya» del debate político, toda vez que los afectados consideran que la negativa a conveniar estas plazas se sustenta en un argumentario exclusivamente ideológico, y no legal. Todos se muestran convencidos en que el ámbito judicial les dará la razón y aceptará la aplicación de las medidas cautelares, una medida que se espera esté lista para el mes de mayo, tras lo cual habría que esperar sentencia.

En representación de los centros, la directora de Ribamar, María Luz Couto, ha recordado la existencia de un informe de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa según el cual los estándares de calidad de la educación de estos colegios está por encima de la media andaluza.

Por su parte, la secretaria general de FSIE-A, Silvia Santos, ha precisado que unos 60 trabajadores de estos colegios podrían verse afectados por la retirada del concierto, con la posibilidad de que la progresión del proceso se tradujera en que los 289 empleados en plantilla de los diez centros fueran «directamente a las listas del paro». Los propios colegios, por otro lado, confirman que en la práctica totalidad de los casos sería «inviable» mantener la estructura, viéndose abocados al cierre, ante la retirada escalonada de subvenciones y la consecuente y previsible caída de la demanda.

Por el momento, la tónica general en los centros está siendo la de recibir un número de solicitudes superior al número de plazas ofertadas, tendencia similar a la de ejercicios anteriores, sin que se reciban reclamaciones para alumnos de un sexo distinto al ofrecido, señal, según García, de que los padres «quieren y respetan este modelo».

En muchos colegios se ha abierto una solicitud de plazas condicionadas a que finalmente se consiga el concierto, con la recomendación a los padres de que también pidan en otras estructuras educativas, por si acaso. En otro de los casos, el portavoz del AMPA del Ángela Guerrero, José Aguilar, ha asegurado que la intención de las religiosas gestoras del colegio es la de hacer «lo imposible» por poder asumir el coste de las plazas.

Por último, respecto a la aceptación que los colegios El Soto de Chauchina (Granada) y Campomar de Aguadulce (Almería) han realizado para el comienzo de impartición del modelo mixto a partir del próximo curso, «esto no supone una renuncia a un modelo, sino una decisión por imperativo legal que respetamos».

FUENTE: EUROPA PRESS

 

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