Alrededor de 1.500 personas, entre padres, madres, alumnos, profesores y personal de administración y servicios, han participado en la mañana de hoy en la manifestación convocada por las organizaciones sindicales USO y FSIE (mayoritarias entre los trabajadores de los centros de educación diferenciada de Andalucía) y la plataforma “Mis padres deciden” (integrada por todas las familias de dichos centros), por la que se reclamaba a la Consejería de Educación que no suprima los conciertos educativos que mantiene con estos colegios.
La marcha, que ha partido desde la Plaza de la Encarnación, ha culminado en el Parlamento de Andalucía con la lectura de un manifiesto por parte de Gemma García, portavoz de “Mis padres deciden”. Entre sus afirmaciones destacó el firme apoyo “a los conciertos educativos para los centros que imparten el modelo pedagógico de educación diferenciada, en los que desarrollamos nuestra labor, con una gran demanda social por parte de las familias, desde hace más de 40 años, por su acreditada calidad”.
Asimismo no quiso olvidar “la constatación de que el Tribunal Supremo ha sentenciado que estos centros imparten un tipo de educación legal y legítima, y que por tanto ni segregan, ni discriminan al alumnado que escolarizan”, por lo que “manifestamos nuestro rechazo a la imposición de un modelo único por parte de la Consejería de Educación que antepone su ideología política y partidista a la estabilidad laboral de los trabajadores y a la libertad de las familias para elegir centro educativo”.
De hecho, hizo constar que “estamos desconcertados al contemplar cómo, en el contexto dramático actual de Andalucía, liderando el desempleo en Europa, con casi millón y medio de parados, la Consejería de Educación ponga en peligro numerosos puestos de trabajo en empresas estables, por una razón estrictamente ideológica y sectaria”. En estos momentos de grave crisis económica, “este capricho de la Administración supondría un aumento del gasto público de 15 millones de euros anuales, ya que nuestros centros le salen más económicos que los públicos”.
Por último, Gemma García pidió que “el Gobierno de la Junta de Andalucía cese en su imposición ideológica”.
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